Un breve análisis sobre las implicancias de la reforma en la ley de glaciares. El 2025 terminó para el gobierno con varios frentes abiertos de cara al 2026. Por un lado, el debate alrededor de la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, el presupuesto 2026 aprobado y el debate por la ley de glaciares. A continuación, voy a presentar algunas cuestiones a tener en cuenta para pensar las implicancias que pueden traer los cambios en esta última.
Por: Damián Giammarino
Empecemos por lo primero, ¿Qué son los glaciares? Los glaciares son masas de agua dulce en estado sólido que están compuestos de nieve depositada en las épocas de nevadas que se transforman en hielo con la acumulación de esta. Es importante remarcar que cumple varias funciones importantes en los lugares en los que se encuentran. Son reservas de agua dulce, forman parte del ciclo hidrológico, alimentan cuencas hidrográficas de los territorios y también reflejan luz solar hacia el espacio. Es decir, son importantes para el equilibrio ambiental como para la supervivencia humana ya sea para su consumo o para el desarrollo de actividades productivas.
¿Qué tan importante es el acceso a agua dulce en el mundo? De la totalidad de agua que hay en el mundo el 2,8% es agua dulce apta para el consumo humano. Esta se encuentra un 68% en estado sólido (como glaciares, casquete de hielo y nieve) un 30% en los acuíferos y un 0,3% en las aguas superficiales (lagos, ríos principales y sus afluentes). Para tener una referencia de la importancia de los glaciares, según datos de la Organización Mundial Meteorológica 1.900 millones de personas acceden al agua dulce mediante el deshielo. En cuanto a superficie equivalen a 700.000 km2, en el mapa a continuación se pueden observar la localización de los glaciares.
Un problema a tener en cuenta es que el agua de los acuíferos se está reduciendo y siendo tan alto el nivel de consumo no se llegan a recuperar, por lo tanto, el cuidado de los glaciares es fundamental pensando en la provisión de agua para las generaciones futuras. A su vez, por causa del calentamiento global se producen dos procesos en simultáneo en los glaciares, por un lado, la acumulación de agua disminuye, por otro, al haber una mayor temperatura aumenta la velocidad del deshielo y la cantidad de agua que se derrite. Por lo tanto, su rol como principal reserva estratégica de agua dulce es uno de los puntos fundamentales a la hora de entender por qué defenderlos.
Glaciares en el mundo

Con respecto a la situación puntual de nuestro país, en la Argentina los glaciares se encuentran a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, abastecen de agua dulce a 7 millones de personas, lo que equivale al 18% de la población del país en territorios que suelen tener déficit hídrico. Sin embargo, no es solo para consumo humano, sino también para actividades productivas como la producción de vid (cultivo de la uva) en Mendoza. Con respecto a la superficie cubierta por glaciares, Argentina es uno de los países del mundo que cuenta con varios miles de km2 de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo. La superficie total es de unos 8.484 km2 en 12 provincias, de los cuales 5769 km2 son andinos y 2715 km2 están en las Islas Georgias y Sandwich del Sur, el 80% se encuentran ubicados en áreas protegidas y alimentan 36 cuencas hidrográficas. Debido a la importancia que tienen en el territorio argentino en el año 2010 se aprobó La ley Nacional de Glaciares (26.639).
Según la ley los glaciares deben ser protegidos como reservas de agua estratégicas para el país, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos como atractivos turísticos. A su vez, restringe todas aquellas actividades que puedan afectar su condición natural como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrial tanto en los glaciares como las zonas pleriglaciares o también definidas como glaciares de escombro. Esta ley establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares.
Su principal instrumento es la realización del Inventario Nacional de Glaciares (ING) a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dependiente de la UNCUYO y el CONICET Mendoza, con la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación que se debe realizar con una periodicidad no mayor a los 5 años. El resultado del inventario se puede observar en el mapa interactivo que se encuentra disponible en el siguiente link Mapa glaciares argentinos dónde claramente se observa la ubicación de los glaciares a lo largo de toda la cordillera de Los Andes. Es importante tener en cuenta su localización ya que en muchos de los lugares que se encuentran existen reservas de los llamados minerales críticos como el cobre y el litio. A su vez, no se ha llegado a detallar de manera exhaustiva todos los periglaciares.
De manera exprés el gobierno Nacional ha impulsado una reforma que ya obtuvo dictamen de mayoría en el Senado Nacional con el apoyo de los gobiernos de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Este proyecto tiene como puntos fundamentales cuales son los glaciares que se deben proteger y quien debe definirlo. Tengamos en cuenta que de 325 proyectos mineros que hay en carpeta, hay 3 que se encuentran muy cercanos a comenzar operaciones y se verían beneficiados con la derogación de la ley ya que se encuentran en zonas de periglaciares. En este sentido, la modificación de la ley propone que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar mediante un organismo competente.
Uno de los argumentos que utilizan las provincias que están a favor de esta modificación es que por la constitución los recursos son de ellas y, además, que estas tienen los medios para poder hacer sus propios inventarios de glaciares. En línea con estos cambios ya tuvimos como primer impulso el RIGI para atraer este tipo de inversiones y a comienzos de diciembre se dio otro hecho que fue la aprobación de la minería metalífera en la provincia de Mendoza yendo en contra de lo que establece la ley 7722 del 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, exploración y explotación de minerales. En este sentido, el cambio en la ley de glaciares muestra una avanzada del sector minero que viene teniendo desde que comenzó el gobierno de Milei. Sumado a que desde el punto de vista ideológico son negacionistas del calentamiento global y por lo tanto, no ven como un problema el cuidado del ambiente.
A modo de cierre voy a plantear algunas cuestiones para tener en cuenta en torno a las implicancias del cambio en la ley. En primer lugar, es el uso de agua de deshielo para la minería, en lugar que para consumo humano y actividades productivas ya preexistentes debido a los grandes volúmenes que utiliza la minería, a esto se le suma la posibilidad de la contaminación de los cursos de agua debido a los químicos que se utilizan para el proceso de lixiviación que separa los minerales del resto de la roca. En segundo lugar, el acceso a reservas de agua dulce para las generaciones futuras debido al agotamiento o la contaminación. En tercer lugar, hay una desacreditación al sistema científico nacional sacándole las funciones de realizar el inventario al IANIGLA, siendo que es uno de los organismos que fue premiado por la Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025 y de manera indirecta el desfinanciamiento de la ciencia puede generar que los científicos terminen buscando trabajo en el sector privado u otros países.
Por otra parte, hay cuestiones más de fondo que tienen que ver con pensar un modelo de desarrollo viable para nuestro país del cual surgen varios interrogantes. Esta avanzada sobre la producción minera ¿puede generar las divisas necesarias que necesita el país para solucionar sus problemas económicos? Según los datos proyectados por el Ministerio de Economía de Nación recién en 2030 tendrían un impacto significativo ¿Un modelo de desarrollo basado en actividades primarias incluye a toda la sociedad argentina? En esta segunda pregunta muchas veces se busca la respuesta en aquellos países como Canadá o Australia que basan su economía en actividades primarias y tienen un alto nivel de vida, pero la gran diferencia que tienen es la inversión en ciencia que realizan los Estados en desarrollo para tecnología minera, además producen la maquinaria y son los países dónde están las sedes de las empresas (Barrick Gold, BHP, Río Tinto, entre otras) que viene a extraer los minerales a los países de la periferia, sumado a que los controles ambientales en estos países suelen ser un poco más estrictos, sin embargo también no están exentos de problemas de contaminación. Otra variable a tener en cuenta sería la posibilidad de industrializar los recursos que se extraen en el país como por ejemplo baterías de litio y no exportar el mineral en bruto solo dejando regalías para los gobiernos provinciales, que en una situación de ajuste presupuestario como estas actividades resuelven parte del problema.
Por último y no menos importante, sumamos la importancia estratégica que tienen los minerales críticos en el contexto actual de revolución tecnoproductiva que consume más y más minerales para los smartphones, los centros de datos, los automóviles eléctricos, etc. En este sentido, podemos afirmar que estamos regalando nuestros recursos a las grandes potencias teniendo muy poco a cambio. En paralelos si vemos la disputa entre China y EEUU por acceso a los recursos naturales nos muestra que estamos yendo a contramano de lograr mejorar la situación de Argentina y en su lugar profundizar el modelo extractivo que se viene desarrollando con mucha fuerza desde los 90.



