Desde la prisión preventiva hasta la falta de acceso a la salud, pasando por la imposición de roles de género y las prácticas de tortura, el encierro funciona como un dispositivo donde la violencia y la discriminación se vuelven sistemáticas. Sobre todo esto hablamos con Julieta y Ailín, trabajadoras de la Comisión Provincial por la Memoria. 

Por María Paula Carriquiri y Paula Calgaro

Estas prácticas patriarcales y la negligencia estatal son una constante, como lo evidencia el reciente pedido de elevación a juicio en el caso de Mónica Mego, una mujer trans que quedó parapléjica y luego falleció en 2022 debido a la falta de atención médica adecuada durante su detención en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.

Situaciones como la suya, lejos de ser excepcionales, son la norma en un sistema carcelario que violenta a diario. Frente a este panorama, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se erige como un organismo clave de control y denuncia de estas violencias, y sobre ello conversamos con sus trabajadoras.

La CPM es un organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos. En 2002, creó el Comité contra la Tortura para abordar, desde una perspectiva de derechos humanos, la grave crisis del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires.

Tres años después, en 2005, se conformó un equipo especializado en la inspección y monitoreo de las condiciones de detención en los distintos espacios de encierro, así como del accionar de las fuerzas de seguridad en el territorio bonaerense. Además, el Comité asume intervenciones ante violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de revertirlas. Sus hallazgos se ven plasmados en informes anuales que funcionan como retrato de la realidad tras los muros.

En los últimos años, se ha profundizado la mirada en una problemática específica: las violencias por razones de género que sufren las personas privadas de su libertad. Esta nota busca dar cuenta de esta realidad, para ello entrevistamos a Julieta Terminiello y Ailín Bonansea, que desempeñan los cargos de Subdirectora de Producción y análisis de información y Subdirectora de Inspecciones respectivamente, quienes nos cuentan sobre cómo las lógicas patriarcales se replican y se intensifican en el contexto carcelario, y cuál es el rol de la CPM en la denuncia y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género dentro de las cárceles bonaerenses.

A su vez expresan que intentan que la perspectiva de género sea transversal a los informes, pero es una decisión hacer un capítulo específico para violencias por razones de género: “entendemos que el patriarcado está al servicio de la tortura, profundiza y complejiza las situaciones de tortura que vive el resto de la población. No son lo mismo las situaciones que viven las mujeres y las personas trans, que las que vive el varón. Ni más ni menos, son diferentes, y es necesario que esa especificidad la podamos comprender y visibilizar, ver cómo toda esa violencia patriarcal y transodio se pone en juego en un sistema punitivo”.

Las estructuras de poder patriarcales, arraigadas en nuestra sociedad, no solo se replican en la cárcel, sino que se exacerban, generando formas específicas de violencia que afectan a mujeres y personas trans.

Prisión preventiva como regla

Según datos de la CPM, en 2025, el 56% de las mujeres detenidas y el 62% de las personas trans se encontraban procesadas, es decir, sin una condena firme, en comparación con el 48% de los varones. Números bastante similares a los que reflejan el Informe Anual 2024*, en donde para mujeres y varones la cifra casi se mantiene igual (un 2% menos en el caso de las mujeres). No así el de las personas travestis/trans que pasa de 74 a 62 por ciento. Si bien disminuye, sigue siendo una cifra marcadamente elevada.

En este sentido, las trabajadoras no sólo remarcan como preocupante esta diferencias en las cifras, sino lo altas que son, poniendo en evidencia que la prisión preventiva es una medida recurrente en las cárceles bonaerenses: “Si sos pobre la prisión preventiva no es algo excepcional, es la regla”, explica Julieta y agrega que no se actúa preventivamente, “se actúa punitivamente”.

Salud: abandono y discriminación

El acceso a la salud es otro ámbito donde la violencia de género se manifiesta. Las personas trans enfrentan problemáticas específicas relacionadas con la hormonización y los implantes. La interrupción de los tratamientos hormonales, la falta de seguimiento médico y la utilización de implantes en condiciones precarias generan graves consecuencias para su salud.

“La unidad no garantiza el acceso a la hormonización. Muchas veces sucede que les empieza a crecer el bello, les cambia la voz y eso subjetivamente tiene mucho impacto, porque impacta en la salud física y emocional”, afirma Ailín.

Otro punto alarmante en término de salud, es la falta de atención a la salud menstrual y ginecológica. No hay acceso a productos de higiene menstrual, ni a estudios preventivos como el Papanicolaou o la mamografía. Esta desatención evidencia el abandono por parte del Estado.

Ejemplo de esta negligencia estatal es el caso de Mónica Mego, una mujer trans detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, quien quedó parapléjica y posteriormente falleció en 2022 debido a la falta de atención médica en el contexto de encierro. El fiscal solicitó recientemente la elevación a juicio de siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluyendo un jefe y seis médicos, por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino en el caso como particular damnificado institucional, impulsando acciones y presentaciones ante la justicia para lograr la condena de los responsables. El caso de Mónica deja en evidencia la gravedad de la violencia y la desatención médica en contextos de encierro, que es una constante que viven a diario las personas privadas de su libertad.

Con relación a las personas que llegan embarazadas, a la falta de controles se le suman violencias como, parir esposadas, sin compañía de personas de su elección y maltratos. “Las prácticas violentas y violatorias de derechos relevadas van en contra de la ley nacional 25.929 de parto humanizado y de la Guía de implementación del parto respetado para personas gestantes en contextos de encierro en la Provincia de Buenos Aires”, indican en el Informe.

Mandatos de género tras las rejas: control y castigo

Los roles y mandatos de género, lejos de diluirse en el encierro, se intensifican, convirtiéndose en herramientas de control y castigo. La maternidad es uno de los ámbitos donde esta situación se evidencia con mayor claridad.
Las mujeres que ingresan a la cárcel con sus hijos e hijas son sometidas en muchas oportunidades a evaluaciones sobre su desempeño como madres, donde se las juzga y castiga por no cumplir con los estereotipos de «buena madre». “Se juzga si el nene está adaptado, si cuida a sus hijos”, dice Ailín y aclara también, que la condiciones en las que se hacen esos informes psicológicos son muy adversas.

Por ejemplo, las trabajadoras cuentan que han leído anotaciones tales como «llega con el niño a cuestas y llorando», «se pone muy nerviosa» y otros comentarios que revelan la mirada punitiva y estigmatizante sobre la maternidad en el encierro.

Otra etiqueta que se les pone es la de “nerviosas” y ejemplo de ello es que en muchas cárceles, se les prohíbe el uso de cubiertos de metal a las mujeres, obligándolas a comer con la mano o con cubiertos de plástico, bajo el argumento de que al “ser más nerviosas”, pueden lastimarse adrede. Mientras tanto, en los pabellones de varones, incluso en los sectores de aislamiento, el uso de cubiertos de metal y cuchillos es permitido. Esta medida, lejos de proteger a las mujeres, busca someterlas y negarles su autonomía.

La CPM: una voz contra la impunidad

La tortura no es un caso aislado, es sistémica, las entrevistadas relatan casos de extrema crueldad, donde la impunidad es la norma. En este contexto la CPM actúa como un organismo clave para denunciar las violencias, a pesar de que no siempre se recibe respuesta del poder judicial.

«Nosotras tuvimos un caso muy grave en la comisaría de la Tablada que logramos que se eleve a juicio”, cuenta Julieta y explica que en ese caso “la comisario le metió la mano en la vagina a todas detenidas sin ningún tipo de protección y de forma muy abusiva”. Recordando el hecho Ailín enfatiza que fue “una situación de tortura extrema golpeándolas, insultándolas, fue realmente muy grave». En esta situación se condeno a las personas implicadas, pero nos explican que son casos excepcionales aquellos dondese logra que la justicia no sea cómplice de los actos de tortura del servicio penitenciario.

La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de tortura denunciados, se archivan situaciones denunciadas de extrema gravedad, evidenciando la falta de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables: “nos han archivado un caso de picana eléctrica y no fue hace un montón de años, fue ahora. Las mismas torturas que se usaban durante la dictadura se utilizan hoy en día en las cárceles bonaerenses, y no siempre se llega a condenar a quienes las ejercen”, afirma Julieta.

La sobremedicalización, falta de atención psicológica y aislamiento como medida de tortura son algunos de los otros ejes que preocupan a las trabajadoras de la CPM.

Frente a este panorama, la CPM se erige como un organismo de control y denuncia de la violencia institucional, desempeñando un papel fundamental en la visibilización de la tortura y la defensa de los derechos de las personas detenidas. Su trabajo se basa en la escucha atenta de las víctimas y en la construcción de una mirada crítica sobre el sistema penal, que permita romper con la indiferencia social y la complicidad del poder judicial.

Una democracia en deuda: el presente y el futuro

La violencia institucional es una deuda de la democracia, que interpela a toda la sociedad: “nuestro rol es dar cuenta que muchas lógicas represivas y de tortura continúan hoy en día, y me parece que la posición de la CPM es lograr visibilizar eso y si no se logra transformar, aunque sea intentarlo, para nosotras es pensar ¿qué democracia queremos? y nos respondemos que es una deuda de la democracia la violencia institucional que no se resuelve, afirma Julieta.

Erradicarla requiere un compromiso colectivo, que vaya más allá de la denuncia y la visibilización. Implica repensar el sistema penal, cuestionar las lógicas punitivista y construir un Estado que garantice los derechos humanos de todas las personas, incluso de aquellas que han cometido un delito. Espacios como la CPM, con mucho esfuerzo y compromiso, trabajan para lograr cambios concretos.

“Hay pequeños logros” dice Julieta, “por ejemplo logramos que las mujeres no vayan a parir esposadas. Porque así eran los partos: con la pierna esposada, la mano esposada, no podían amamantar y el servicio con las armas mientras ellas parían. Después de un año de pelea y litigar y litigar y litigar, logramos que se armara un protocolo específico de parto respetado, para evitar algunas de estas situaciones”.