Por Fundación Mujeres x Mujeres
Durante años, el nombre de Jeffrey Epstein circuló como un rumor incómodo, una sucesión de denuncias fragmentadas, filtraciones parciales y silencios oficiales. La desclasificación masiva de archivos ordenada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a fines de enero de 2026 terminó de correr el velo. Millones de documentos, miles de videos y registros incautados directamente de sus servidores privados expusieron algo que las sobrevivientes vienen diciendo desde hace décadas: no se trató de hechos aislados ni de desvíos individuales, sino de una trama de violencia sexual sostenida en el tiempo por relaciones de poder, redes de complicidad y fallas estructurales del Estado. El caso Epstein no inaugura nada, confirma lo que ya estaba ahí.
Los archivos revelan la dimensión política, económica y cultural de esa red. Nombres de enorme peso público aparecen reiteradamente en los documentos, las agendas y las comunicaciones incautadas. Donald Trump fue mencionado en múltiples registros de vuelos y contactos, y su administración firmó la ley que posibilitó parte de la desclasificación; Bill Clinton figura en fotografías y registros de viajes con Epstein tras su presidencia; figuras de alto perfil como Bill Gates, Elon Musk, Larry Summers y el príncipe Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) aparecen en comunicaciones, correos o listas de contactos que evidencian vínculos de diversa índole con el financiero fallecido; otros nombres que han aparecido vinculados al entramado son Richard Branson, Howard Lutnick, Steven Tisch y Casey Wasserman, todos mencionados en distintos contextos de reuniones, intercambios o correspondencia con Epstein. Ninguno ha sido acusado formalmente por delitos en estas revelaciones, pero la sola presencia de sus nombres subraya el alcance global de una red que funcionó durante décadas.
Leído desde los estándares regionales de investigación con enfoque de género, este entramado responde con claridad a lo que el Modelo de Protocolo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual define como análisis por contextos. La violencia sexual no ocurre en el vacío: se produce y se reproduce en espacios que la facilitan. En este caso, los círculos de confianza y de élite funcionaron como un contexto privilegiado. Epstein operó como anfitrión, financista, intermediario y puerta de acceso al poder político, económico y simbólico. Tal como advierte el Protocolo, el vínculo con líderes, referentes o figuras admiradas genera asimetrías profundas: idealización, dependencia, necesidad de agradar, miedo a romper la pertenencia. Para muchas víctimas, denunciar implicaba enfrentarse no solo al agresor, sino a todo un sistema dispuesto a protegerlo.
La magnitud del material incautado permite además ubicar el caso en un contexto de criminalidad organizada y compleja. Los vuelos, las agendas, las facturas, los registros audiovisuales y las comunicaciones muestran una estructura con jerarquías, roles y repetición sistemática de prácticas violentas. La violencia sexual no fue un exceso individual, fue una herramienta funcional al sostenimiento del poder, al chantaje y al control. El Protocolo Iberoamericano es claro al respecto: cuando la violencia se inscribe en tramas de dominación, no puede analizarse como una anomalía ni como una patología individual, sino como una expresión de violencia estructural.
El rol del Estado aparece como una de las zonas más oscuras de esta historia. Los documentos hoy desclasificados confirman que ya en 2007 existía información suficiente para desarticular la red, pero se optó por acuerdos que garantizaron impunidad. La investigación sin enfoque de género, centrada en minimizar los hechos y desacreditar testimonios, terminó siendo una forma más de violencia. La muerte de Virginia Giuffre en 2025 proyecta una sombra imposible de ignorar: el costo humano del encubrimiento institucional y la soledad de quienes denunciaron cuando el sistema decidió no escuchar.
El contexto digital completa este entramado. La violencia no solo fue ejercida sobre los cuerpos, también fue registrada, almacenada y administrada. Videos, imágenes, grabaciones y archivos funcionaron como mecanismos de control permanente. La tecnología no fue neutral: amplificó el daño, extendió la amenaza y prolongó la violencia más allá del momento del abuso. Tal como advierte el Protocolo Iberoamericano, la violencia sexual en entornos digitales genera impactos duraderos en la salud mental, la vida social y la posibilidad misma de denunciar.
Mirar el caso Epstein desde una perspectiva interseccional permite comprender por qué esta red operó durante tanto tiempo. Las víctimas no eran todas iguales, pero compartían condiciones que las colocaban en mayor riesgo: juventudes, desigualdad económica, dependencia, falta de redes de protección, estatus migratorio precario. Estas variables no son accesorias, son centrales para entender la demora en las denuncias y la eficacia del silencio impuesto. La violencia sexual se sostiene allí donde convergen poder concentrado y vulnerabilidad estructural.
Además del poder económico y político, el caso Epstein tiene una dimensión etaria devastadora que no puede ni debe minimizarse. Las investigaciones periodísticas y los testimonios de sobrevivientes hablan de una red de explotación en la que no solo participaron mujeres adultas, sino que más de 80 niñas y adolescentes fueron sexualmente abusadas bajo la lógica de un “abuso sexual piramidal”, un sistema en el que niñas que aún usaban coletas o aparatología dental fueron reclutadas y explotadas en las mansiones del magnate en Nueva York, Palm Beach y el Caribe desde edades tan jóvenes como los 13 años. Esto no es un detalle accidental: es el corazón mismo de la violencia que el feminismo y el derecho penal han señalado como agravante central en casos de violencia sexual con menores, porque revela una violencia estructural sostenida por la vulnerabilidad etaria y la impunidad del perpetrador.
Nombrar el contexto no diluye responsabilidades, las vuelve visibles. El análisis por contextos, tal como propone el Modelo de Protocolo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual, no reemplaza la prueba, la completa. Permite comprender que la ausencia de evidencia biológica o la denuncia tardía no invalidan el relato, sino que hablan de las condiciones coercitivas en las que ocurrió la violencia. El caso Epstein es una prueba brutal de ello. No fue una anomalía del sistema, fue su expresión más descarnada.
Hoy, cuando la información sale a la luz de manera fragmentaria y muchas preguntas siguen abiertas, el desafío no es solo judicial. Es político y ético. Leer estos hechos como violencia estructural, y no como escándalos individuales, es una condición mínima para que no vuelvan a repetirse. Escuchar a las sobrevivientes, investigar con perspectiva de género y desmontar los pactos de poder que garantizan impunidad sigue siendo una deuda urgente. Porque cuando el contexto no se nombra, la violencia se repite. Y cuando se nombra, al menos, empieza a perder su lugar de privilegio.
