El 29 de julio de 1966 la dictadura de Juan Carlos Onganía irrumpió a golpes en las universidades nacionales para terminar con su autonomía, dando lugar a la llamada Noche de los Bastones Largos, seis décadas después, en contextos políticos diferentes, el gobierno de Javier Milei pone en debate a la Universidad pública y gratuita. En estos últimos años hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, dificultades para sostener investigaciones, reducción de recursos para infraestructura y problemas para garantizar el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.
Un mes antes, el 28 de junio, un golpe de Estado había derrocado al presidente Arturo Illia e instalado en el poder al general Juan Carlos Onganía. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno estuvo la intervención de las universidades nacionales mediante el decreto de ley 16.912, que eliminó la autonomía universitaria y el sistema de cogobierno conquistado tras la Reforma Universitaria de 1918. Las casas de estudio quedaban subordinadas al Poder Ejecutivo y sus autoridades debían responder a los interventores designados por la dictadura.
La decisión provocó una inmediata resistencia. En la Universidad de Buenos Aires, docentes, investigadores, estudiantes y decanos resolvieron permanecer y tomar los edificios de cinco facultades, Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Económicas, como forma de protesta. Se realizaban asambleas, discusiones y tenían como convicción que defender la autonomía universitaria era defender una conquista democrática. La respuesta del gobierno llegó esa misma noche.
El 29 de julio de 1966 la dictadura de Juan Carlos Onganía irrumpió a golpes en las universidades nacionales para terminar con su autonomía. La Noche de los Bastones Largos, no solo representó uno de los ataques más violentos contra la universidad pública argentina, sino que sintetizó una idea que atraviesa distintos momentos de la historia nacional: cuando el pensamiento crítico se convierte en un obstáculo para determinados proyectos políticos y económicos, las universidades suelen quedar en el centro de la disputa.
La respuesta fue una represión brutal: golpes, detenciones, destrucción de laboratorios y bibliotecas, y el comienzo de una de las mayores fugas de científicos e investigadores que haya sufrido el país.
Este ataque no se trató únicamente de un operativo policial. Fue una decisión política destinada a disciplinar a una institución que, desde la Reforma Universitaria de 1918, había consolidado principios como la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra y el acceso al conocimiento como un derecho. La violencia buscó dejar un mensaje: la universidad debía dejar de ser un espacio de pensamiento independiente.
Seis décadas después, en el gobierno del presidente electo Javier Milei, retomamos la pregunta por el lugar que ocupa el pensamiento crítico, el conocimiento, la ciencia, la libertad y la universidad, el debate sobre el financiamiento de la universidad pública vuelve a poner en discusión qué lugar ocupa la educación superior en el proyecto de país.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, rectores, docentes, investigadores, estudiantes y trabajadore/as universitario/as denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, dificultades para sostener investigaciones, reducción de recursos para infraestructura y problemas para garantizar el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales. Estas demandas derivaron en marchas federales (las movilizaciones más convocantes hasta el momento) y medidas de fuerza durante 2024 y 2025.
Las autoridades nacionales sostienen que las restricciones presupuestarias responden a la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y afirman que el sistema universitario debe mejorar sus mecanismos de administración y transparencia. Pero es claro que luego de superados los mecanismos de control por parte del Estado, no habiendo encontrado irregularidades y manteniendo el nivel ahogamiento fiscal hacia las universidades, se entiende que el objetivo de vaciar, vender e hipotecar el futuro universitario y científico del país, es el parte del plan económico de La Libertad Avanza.
Las diferencias entre 1966 y la actualidad son evidentes y no deben diluirse. Pero la comparación permite observar una continuidad: en ambos momentos, la universidad pública aparece como escenario de una disputa más amplia sobre el papel del Estado, la producción de conocimiento y la movilidad social.
La universidad argentina no es solamente un espacio de formación profesional. Es también uno de los principales motores de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y de la producción cultural del país. Por eso, recordar la Noche de los Bastones Largos implica mucho más que reconstruir un episodio de violencia. Significa preguntarse qué universidad quiere construir la sociedad argentina y qué lugar se le asigna al conocimiento como herramienta de desarrollo colectivo.
Porque la historia no se repite de la misma manera, pero suele volver a formular las mismas preguntas.
