El valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, realizado mayoritariamente por mujeres, equivale al 29,3% del PBG bonaerense. La economista Paula Belloni analiza por qué medirlo es una herramienta clave para las políticas públicas de género.
En el mes de junio se publicó, a través de la Dirección Provincial de Estadística (DPE) y la Unidad de Género y Economía (UGE) del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (PBA), la primera medición oficial del aporte económico del trabajo no remunerado (TNR) al Producto Bruto Geográfico (PBG). Uno de los primeros datos que arroja este informe es que estas actividades son realizadas mayoritariamente por mujeres, además representa un aporte fundamental para la sostenibilidad de la economía provincial, superando incluso a los sectores productivos tradicionalmente considerados más dinámicos.
Una de las cuestiones a tener en cuenta es que los estudios sobre economía y trabajo suelen comprender al Producto Bruto Interno (PBI) de una economía con la producción para el mercado. Hay que recordar que el PBI (o el Producto Bruto Geográfico a escala subnacional) es el indicador macroeconómico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país (o provincia) en un período determinado, generalmente un año o un trimestre.
Este indicador apunta a las actividades del mercado, quedando por fuera el trabajo doméstico producido y consumido por los miembros de un hogar. Según el informe, el 67,6% del tiempo de trabajo de las mujeres bonaerenses no es reconocido por el Sistema de Cuentas Nacionales.
Entonces ¿por qué es importante medir este tipo de trabajo? ¿Qué políticas públicas están destinadas a achicar la brecha de género en el trabajo? Para poder responder estas preguntas entrevistamos a Paula Belloni, economista, investigadora y docente de la UNLP, investigadora de la UGE del Ministerio de Economía PBA.
¿Por qué el trabajo doméstico y de cuidados quedó históricamente fuera de las mediciones económicas tradicionales como el PBI? ¿Qué implica esto en términos de políticas públicas?
Históricamente, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) –que define cómo se mide el PBI– ha trazado una “frontera de producción” arbitraria que excluye los servicios producidos y consumidos por los hogares. Esta exclusión se fundamenta en la visión de la economía neoclásica o mainstream, que limita lo “económico” estrictamente a lo que pasa por el mercado. Bajo esta lógica, y división sexual del trabajo mediante, se invisibiliza el inmenso trabajo previo que es realizado en los hogares, mayoritariamente por las mujeres e identidades feminizadas, y que permite nuestra reproducción y participación en el mercado.
Frente a esto, el gran aporte de la Economía Feminista (EF) ha sido, y es, descentrar los mercados del análisis. En lugar de poner el foco en la acumulación del capital, la EF propone poner en el centro la sostenibilidad de la vida y la reproducción social. Metafóricamente esto implica reconocer que el mercado es solo la punta visible de un “iceberg”, cuya base invisible (es decir, la parte oculta bajo el agua) es el trabajo de cuidados. Este es el motor que realmente garantiza cotidianamente la reproducción de la fuerza de trabajo y la supervivencia de la sociedad.
En términos de políticas públicas, esta exclusión del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR) en el SCN tiene consecuencias graves: en primer lugar los diagnósticos son incompletos ya que se invisibilizan determinadas problemáticas. Por ejemplo, excluir el TDCNR del SCN, por no encontrarse en la frontera de la producción para el mercado, hace que se clasifique a quienes realizan este trabajo como personas “inactivas” en las estadísticas del mercado laboral. Esto implica que una parte del trabajo que sostiene a la economía no se encuentre reflejada en los agregados tradicionales y se crea la falacia de un mercado de trabajo independiente de las necesidades de reproducción social.
O, se invisibiliza gran parte del trabajo realizado por las mujeres y sus consecuencias. En la provincia de Buenos Aires por ejemplo, el 67,6% del tiempo de trabajo total de las bonaerenses queda sin reconocimiento en el SCN. Es conocido en la actualidad el impacto que la brecha en el tiempo de cuidados tiene para las mujeres en el mercado laboral: se traduce en menor participación laboral, menor tasa de empleo, mayor tasa de desempleo y más precarización. No conocer o reconocer el valor de este trabajo repercute en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, lo que conduce al ensanchamiento de las brechas de desigualdad.
¿Qué importancia tiene medir el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR? ¿Cómo afectan las crisis económicas al TDCNR?
Medir el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) es una acción política que permite, por así decirlo, romper el silencio estadístico. Esta estimación se lleva adelante a través del desarrollo de Cuentas Satélite. Estas son un instrumento complementario, coherente con el SCN, que amplía su alcance y se enfocan en actividades o productos que, por razones metodológicas, quedan fuera del núcleo de las Cuentas Nacionales o que requieren un tratamiento analítico diferenciado. De esta manera, las cuentas satélite son un instrumento complementario, coherente con el SCN, que amplía su alcance.
En la región, América Latina y el Caribe, existe una trayectoria pionera en el uso de encuestas de usos del tiempo (EUT) y en las cuentas satélite del trabajo no remunerado (CSTNR). Estas herramientas permiten visibilizar las diferentes asignaciones de tiempo de las mujeres y varones al trabajo remunerado y no remunerado, y extender la frontera de producción para incluir servicios que, aunque no pasan por el mercado y no se miden en las Cuentas Nacionales, tienen un impacto real en el bienestar. Así, las CSTRN son un insumo clave para mejores diagnósticos y sirven para orientar decisiones de política pública y una mejor evaluación de las mismas.
¿Y qué implicancia tiene eso?
Por ejemplo, a partir de visibilizar el aporte económico del cuidado y del trabajo doméstico, las CSTNR permiten priorizar inversiones en infraestructura y servicios de cuidado, fortalecer las políticas de protección social y avanzar en esquemas de corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y hogares, contribuyendo al cierre de brechas de género y al desarrollo con igualdad. Nos posibilitan dimensionar que los cuidados son el verdadero motor de la economía.
En Argentina, el valor del TDCNR equivale al 26,7% del PBI, superando al comercio y a la industria. En la provincia de Buenos Aires, el valor asciende al 29,3% del PBG (Producto Bruto Geográfico), evidenciando que casi un tercio de la riqueza provincial se genera dentro de los hogares.
Las crisis económicas y sanitarias, como fue la pandemia por COVID-19, provocan una intensificación del trabajo de las mujeres, quienes actúan como amortiguadoras ante la caída de ingresos del hogar, el cierre de servicios públicos (como escuelas) o las políticas de austeridad, que suelen ajustar los presupuestos en políticas sociales y, de ese modo, intensifican las tareas domésticas y de cuidados a cargo de los hogares, a menudo a costa de las mujeres, de su propia salud y de su autonomía económica.
Para concluir y mirar un futuro más alentador, ¿Qué países son los que tienen más avance en política pública?
Con relación a los avances en políticas públicas de cuidados algunos países de América Latica y le Caribe destacan por su institucionalización:
Uruguay: Es un referente regional. En 2015 creó por ley (N° 19.353) el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que consagra el cuidado como un derecho universal (derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado). Esto es muy interesante porque va en línea con la reciente Opinión Consultiva N° 31 (OC-31/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por un pedido de consulta desde la Argentina, define el cuidado como una necesidad universal y un derecho humano autónomo que abarca tres dimensiones esenciales: el derecho a brindar cuidados, el derecho a recibirlos y el derecho al autocuidado.
Chile: Cuenta con el subsistema de protección integral a la infancia llamado “Chile Crece Contigo” desde hace más de 10 años.
Costa Rica: Es un país pionero, particularmente en cuidados infantiles, y ha avanzado recientemente en la atención a la dependencia. Consolidó en 2010 la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) y en 2022 aprobó la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SINCA) para personas adultas mayores y con dependencia.
Colombia: Se destaca por sus esfuerzos de coordinación intersectorial y por el desarrollo de modelos locales exitosos. Creó su Sistema Nacional de Cuidado por ley en 2023 y a nivel local, cuentan con el Sistema Distrital de Cuidados de Bogotá (desde 2020) con sus “Manzanas del Cuidado”.
Otros avances institucionales importantes se han dado en México. La Constitución de la Ciudad de México (2017) fue pionera en reconocer el cuidado como un derecho fundamental y mandata la creación de un sistema local. También tiene una larga trayectoria en encuestas de uso del tiempo y se destaca por ser el primero en incorporar la cuenta satélite de forma oficial y regular en sus estadísticas nacionales.
Ecuador y Panamá cuentan con leyes de más reciente aprobación. En Ecuador se promulgó en 2023 la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y reconoce el autocuidado. Y Panamá aprobó en 2024 la ley que crea su Sistema Nacional de Cuidados.
Las experiencias de estos países demuestran que el camino hacia la igualdad requiere pasar de programas aislados a sistemas integrados de cuidados y avances en la corresponsabilidad de los cuidados, que redistribuye la carga entre el Estado, el mercado, las familias y los varones.
