¿Cuáles son las condiciones de probabilidad para que esto ocurra? ¿Qué sucede con la policía, qué sucede con las familias? ¿Qué es lo que se repite? ¿De qué nos habla la frase “No es un policía es toda la institución”? ¿Y qué rol ocupa el poder judicial cuando tiene que juzgar a un policía?

En lo que compete al ejercicio de la fuerzas, existe la idea de que “primero disparó, después preguntó”, el gatillo fácil o mejor dicho, la ejecución de personas en forma extrajudicial por decisión de un uniformado, es una práctica sistemática en nuestro país y en el territorio específico de la provincia de Buenos Aires. 

¿Qué pasa con estos casos? ¿Quién los investiga? ¿Quiénes son lxs investigadxs?

CASO I 

Luciano Arruga fue asesinado a los 16 años luego de que se negara a robar para los policías del (ahora ex) destacamento de Lomas del Mirador, donde fue visto por última vez.

Luciano mucho tiempo antes de su desaparición, sufrió el hostigamiento policial por parte de un grupo de policías:  “Lo empiezan a detener sistemáticamente en la vía pública y es violentado tanto física como psicológicamente. En algunos casos las detenciones se prolongaban mucho, encerrado en una celda de manera ilegal y arbitraria porque no había motivos para detenerlo, y era menor de edad”, contó Vanesa Orieta en una entrevista a Otro Viento tiempo atrás.

Incluso, en 2015 en un fallo unánime, el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza condenó a Juan Diego Torales como coautor de tortura por una detención previa a su desaparición seguida de muerte de Luciano. En un informe de Margarita Fontela, la médica del Cuerpo Médico Forense, figura que Luciando tenía “lesiones traumáticas” al momento de la detención (previo al ingreso al destacamento). Es decir se confirman dos cosas: las torturas y las detenciones de Luciano siendo menor, es decir, violando los Derechos Universales de los niños, niñas y adolescentes. 

La primera medida que tomó la familia ante la desaparición de Luciano, fue realizar una denuncia en la Fiscalía Nº7 de la Matanza, la fiscal Roxana Castelli fue quien recibió la causa y es quien además le da la investigación a la misma policía involucrada. Este hecho es denunciado como uno de los puntos claves por la cual la investigación no avanza, encubriendo a los culpables y causando daños irreparables en lo que se considera las horas claves de una investigación.

Con el cambio de fiscal, Celia Cejas, las cosas no mejoran. Ella decide investigar a la familia durante un año y seis meses. Finalmente, a los cuatro años la causa se federaliza, con eso se cambia su carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”, gracias a la organización de la familia, y de los organismos de Derechos Humanos que acompañaron la lucha.

Después de casi seis años, el 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano fue hallado en el cementerio de Chacarita donde figuraba como NN. Según indicaron, había sido atropellado en la Avenida General Paz. La familia abona la teoría de que corría escapando de los policías, caso que nunca se investigó hasta el día de hoy. 

Por parte de la familia, continúan reclamamos por un juicio político contra el juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, que son el juez y las fiscales que tuvieron la instrucción de la causa en La Matanza hasta que se logró que pase al juzgado federal como desaparición forzada de persona, ese tiempo clave en que desde la justicia no se hizo nada, no se investigó a los policías, no se los llamó a declarar, y tal como la familia dice, hubo una clara intención de no accionar. 

CASO II

Omar Cigarán fue asesinado el 15 de febrero de 2013 por Diego Walter Flores, oficial de la Bonaerense. Desde ese momento, hasta la actualidad, su mamá Sandra Gómez, busca justicia para su hijo y para todxs lxs pibxs asesinados a manos de policías. Camino que la llevó a organizarse en el Colectivo Contra el Gatillo Fácil en la ciudad de La Plata.

El hostigamiento de la policía hacia Omar venía de tiempo antes del asesinato. La Comisaría 2ª ya tenía 16 denuncias previas realizadas por niñez, cuando la familia de Omar decidió denunciar los acosos de los que él era víctima.

Tiempo después, en un supuesto intento de robo que nunca pudo probarse, el Policía Walter Flores asesinó a Omar. La causa, a manos de la fiscal Ana Medina estuvo a punto de cerrarse en 2016 por “falta de pruebas”, pero gracias a la organización y el acompañamiento popular el 18 de febrero de ese año se realizó una sentada en la fiscalía para exigir que se siga investigando. 

De Omar se dijeron muchas cosas, incluso lo quisieron culpar de causas en las que no estaba involucrado. Se habló de lo que hacía, de lo que no, de si se drogaba o con quién se juntaba. Su familia vivió hostigamiento e incluso tiempo después su mamá Sandra se cruzó con el asesino de su hijo en un tren. 

Fue recién en marzo de 2017 que Walter Flores fue llevado al banquillo de los acusados. El resultado: la absolución. El Tribunal Oral Criminal N°4 lo absolvió de culpa y cargo considerando que el oficial actuó en «cumplimiento del deber» y bajo «legítima defensa». Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la familia de Omar apeló el fallo, pero el Tribunal de Casación Penal, un año después, convalidó lo resuelto en el juicio. 

En febrero de 2018 la Sala V del Tribunal de Casación Penal, con los votos de los jueces Martín Ordoqui y Jorge Celesia, confirmaron el fallo absolutorio de Flores dictado por el Tribunal Oral Criminal 4 en abril de 2017. Desde el Colectivo contra el gatillo fácil dijeron: “En esa oportunidad Ordoqui y Celesia no analizaron la denuncia de arbitrariedades en la valoración de la prueba y en la determinación de la materialidad ilícita, así como la ausencia de justificación para constatar en el caso una causal de legítima defensa”. La última instancia judicial a la que acudió el Colectivo contra el gatillo fácil, fue la Suprema Corte bonaerense en agosto del año pasado. 

CASO III

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril del año pasado (año 2020) cuando se trasladaba de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro para dirigirse a ver a su novia en Bahía Blanca. La causa, como la de Luciano, comenzó a ser investigada como averiguación de paradero para luego, pasar a ser caratulada como “desaparición forzada de persona”. En estos días, la familia denuncia que la misma policía encargada de investigar está amenazando a los testigos claves de la causa. 

Según lo que se sabe hasta el momento, el primero contacto que tiene con la policía es en el kilómetro 779 de la ruta 3 cuando recibe una contravesión por “violar la cuarentena”. Fue detenido por lxs oficiales Jana Curruhinca y Gabriel Sosa de la Subestación Comunal Mayor Buratovich. De ese hecho, son las fotografías que circularon en primera instancia por los medios: la foto de su DNI y de él de espaldas junto al móvil policial.

Tiempo después, otro policía, el oficial Alberto González lo retuvo por circular y supuestamente lo dejó seguir. Finalmente, Siomara Flores, fue la policía que dijo haber acercado a Facundo a las inmediaciones de Bahía Blanca.

Ante el conocimiento de todo este recorrido, la querella solicita que sean detenidos todxs los policías que tuvieron contacto con Facundo ese día, pero la jueza federal 2 de Bahía Blanca a cargo del expediente, María Gabriela Marrón, desestimó el planteo.

El 15 de agosto de ese mismo año,  en la zona de «Cola de Ballena», cercano a la localidad de Daniel Cerri, fue encontrado el cuerpo de Facundo. La autopsia elaborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, determinó la causa de muerte por «asfixia por sumersión».

Las pertenencias de Facundo también fueron apareciendo: su ropa rota, con marcas, quemaduras, su amuleto, su celular, sus auriculares, pero nunca su DNI, ese que tantos policías le pidieron en el camino. 

La causa sigue, la empuja con fuerza Cristina, la mamá de Facundo. Entre las últimas noticias lxs policías involucrados entregaron sus celulares a la justicia, bastante tiempo después del hecho.  Por su parte, María Gabriela Marrón, rechazó el pedido de la Fiscalía para allanar la casa de policías. Y así sigue, una investigación remando contra la corriente, la corriente judicial.

Hay otro eje que también se repite, pero un poco más alentador, es que es la organización de las familias y amigxs. Que no sólo han logrado que los casos avancen, que se sepa, que se escuche y que sean cada vez más las voces, sino que también son lxs que luchan por la justicia de todxs lxs pibxs asesinados por la policía para que no vuelva a pasar nunca más.