El pasado viernes el gobierno nacional despidió a trabajadores de diversas áreas, entre ellas, el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Esta decisión tiene consecuencias muy graves: baja de programas, desmantelamiento de la Línea 144 y un 80 por ciento de sus trabajadores sin fuente laboral. Sobre todo ello, hablamos con Nani Smith, delegade de ATE Capital.
Uno de los bastiones de campaña del actual presidente Javier Milei fue el cierre del Ministerio creado el 10 de diciembre de 2019 a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios, trasfiriéndose las competencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social.
Cuatro años después, durante el mandato del presidente Javier Milei, este Ministerio pasó primero a ser Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en la órbita del Ministerio de Justicia, y luego a cerrarse definitivamente. Finalmente, el viernes 28 de junio, el 80 por ciento de les trabajadores que quedaban fueron despedides. “Lo que claramente el gobierno hace es retirarse en lo que son las políticas públicas que quedan y acompañan a una población que está vulnerada constantemente”, denuncia Nani Smith, delegade de ATE Capital.
Estos despidos son la destrucción absoluta de todos los programas: Línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, entre otros.
¿Qué implica esto? Veamos caso por caso.
Desmantelamiento de la Línea 144
La Línea 144 es fundamental para brindar información y acompañar situaciones de violencias de género, ya que brindaba atención las 24 horas. La misma tiene un recorrido de más de 10 años, es preexistente a la creación del Ministerio, funcionó incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.
Lo primero que les dijeron a las trabajadoras tras el cierre del Ministerio fue que 100 de ellas iban a pasar al área de justicia, no así en la Secretaría de Derechos Humanos. “Al principio decían de una reducción de un solo turno y nosotras también en ese sentido pensábamos que la violencia no puede tener una franja horaria, la persona que quiere ser acompañada o que quiere asesorarse sobre una situación de violencia que está atravesando no puede tener un horario, así que también eso nos pareció muy grave”, indicó Smith.
Programas nacionales en políticas de género
El Programa Acompañar, dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, tenía como objetivo fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. “Este subsidio ha cambiado vidas”, comentó Smith.
Este programa, atacaba un problema crucial en las situaciones de violencia de género: la dependencia económica. Y este fue un hecho, que las trabajadoras vivieron muy de cerca: “Lo transformador de cada uno de los programas que tuvimos fueron básicamente en lo cotidiano de las personas”, dijo Smith quien además agregó que como trabajadoras recibieron un montón de mensajes de las beneficiarias contándoles que pudieron comprar, la primera heladera o la primera compra grande de insumos de comida.
“Quizás para la población en general esto significa poco, pero para nosotras era empezar a caminar para un Estado más justo.”
El Programa Producir estaba dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias en las que participaran mujeres y LGBTI+ que hayan atravesado situaciones de violencia de género. “Fue una política que impactó muchísimo en las organizaciones y en las barreadas”.
El Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero estaba pensado para fortalecer el acceso a derechos de esta comunidad, asegurando el respeto de su identidad y expresión de género, mediante una atención, acompañamiento y asistencia integral.
Hoy en día, esos planes ya no están en funcionamiento, por ende todas las personas que percibían esas asistencias se quedaron sin el acompañamiento profesional y monetario. “¿Dónde van a ir esas personas a reclamar, a pedir por esas mujeres y diversidades? ¿Dónde va a ir a reclamar por los travesticidios y lesbicidios? ¿Quién va a controlar el Cupo Laboral Trans?”, se pregunta Smith.
Ley Micaela
La Ley Micaela significó un cambio enorme para la Administración Pública Nacional. Promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Con el desmantelamiento del Ministerio y consecuentemente de sus políticas, se pierde un aspecto fundamental: el rango y alcance federal. “Tener un programa de acceso a derechos con una trabajadora social, con una abogada, con una psicóloga que atiende a cada una de esas personas en cada una de las provincias, para nosotras es fundamental porque pudimos llegar a todo el país”, indica Smith y concluye: “Pudimos ver y podemos tener un mapa federal de todas las violencias y (valga la redundancia) federalizar todas esas políticas”.
Hoy las incertidumbres son muchas: las de les trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral y la de todas las personas beneficiarias de estas políticas. Como indicaron en un comunicado de Junta Interna ATE Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad: Esta decisión implica el absoluto desamparo de mujeres y diversidades de todo el país, además de incumplir la normativa nacional y compromisos internacionales en la materia.