Ya hace unos días que la flamante Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se acercó a la justicia para pedir el levantamiento del secreto fiscal de lxs trabajadorxs que cobran el Potenciar Trabajo, un salario complementario cuya gestión depende en parte de los movimientos sociales.

Según la Ministra, las incompatibilidades alcanzan a más de 200 mil personas. Mientras, los movimientos sociales no niegan que puedan existir incompatibilidades (que el Estado debió haber controlado con anterioridad). Pero postulan que las «nuevas» incompatibilidades, como haber comprado «dólar ahorro» (por montos que no superan los 100 dólares), son posteriores a la creación del programa.

Más allá de esta discusión, que tuvo como razonable respuesta el armado de un plan de lucha por parte de las organizaciones, ¿por qué tanta insistencia con ajustar a quienes cobran un salario complementario? Con una inflación que sólo acrecienta los niveles de pobreza, ¿seguir ajustando los planes sociales es una solución?

Ante tanta presión del FMI por el déficit fiscal, ¿no será hora de revisar cómo incrementar los ingresos o reducir otros gastos, como el pago de la deuda? ¿No sería mejor empezar a pensar en un nuevo aporte extraordinario de las grandes fortunas, que vieron incrementar sus ingresos debido a la pandemia y a la guerra en Ucrania?

Se sigue demonizando la transferencia siempre a quienes cobran planes, pero nada se dice sobre los millones de pesos que entrega el Estado para financiar el «dólar soja».

¿Cuándo vamos a empezar a mirar para el otro lado, donde sobra, donde el plan de lucha es fugar, organizarse para “limpiar” un mapuche? Ayer se difundieron chats que involucran al Ministro de Seguridad de CABA, a 4 jueces federales, directores de Clarín y otras personas, entre ellas de inteligencia, donde intercambian mensajes a partir de que el diario Página 12 había filtrado el encuentro de estas personas en secreto en Lago Escondido.

Lago Escondido fue usurpado por el magnate Joe Lewis. El Poder Judicial y los dueños de la mayor concentración comunicacional del país, no son independientes como nos quieren mostrar, son dependientes del poder económico concentrado.

Ahora se entiende muy bien por qué el Poder Judicial toma esas decisiones, y por qué está lejos de proteger a un pueblo que resiste para sobrevivir. ¿No sería mejor levantar el secreto fiscal de todxs y que paguen el impuesto a las ganancias los jueces? Terminar con los secretos y las inequidades brinda una posibilidad para avanzar en transparencia y en igualdad social. Seguir ajustando a lxs trabajadorxs de la economía popular, solo lleva a más pobreza y desigualdad. Es urgente y necesario pensar en cómo ampliar (y financiar) las prestaciones que otorga el Estado para garantizar derechos, no en reducirlas.