Cuando hablamos de responsabilidad empresaria, hablamos de la voluntad y la disposición de las grandes empresas argentinas por llevar a cabo un terrorismo corporativo, siendo anfitrión del terror al interior de las fábricas, con sus propixs trabajadorxs. Y llevándose los beneficios económicos de desarticular con sangre, la organización obrera que le disputaba las ganancias y su redistribución.

La economía argentina tuvo un punto de quiebre el 24 de marzo de 1976: la dictadura militar impuso su plan económico para transformar la Argentina y dar el puntapié inicial para el ciclo neoliberal a través del endeudamiento externo y una distribución desigual del ingreso en detrimento de lxs trabajadorxs.

Tras 47 años, dar cuenta de la responsabilidad empresarial sigue siendo necesario, dado que lo que hicieron en ese entonces sigue condicionando nuestra actualidad. Por ello, a partir del documento “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hacemos un raconto de algunas causas judiciales (finalizadas y en proceso) en torno a la responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado.

Dado su reciente fallecimiento, ubicamos en primer lugar a Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma. Éste estaba siendo procesado en un juicio donde se demostró los aportes logísticos y materiales realizados por la empresa Ledesma en Jujuy durante las noches del apagón, donde fueron secuestradxs tanto trabajadorxs de esa empresa, así como militantes políticos y activistas sindicales de la zona.

Blaquier no fué el único, en Bahía Blanca, una investigación emblemática se centró en la responsabilidad de Vicente Massot, director del multimedio “La Nueva Provincia”, en los asesinatos de los trabajadores gráficos de esa empresa Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola en 1976, así como en el papel de esa empresa en la llamada “acción psicológica” y la propaganda dictatorial.

Hay otros casos que fueron más relevantes en la historia reciente por su resonancia en los medios públicos dado que los tiene en parte como protagonistas. Este es el caso de “Papel Prensa”, en donde se investigó cómo un consorcio integrado por los diarios Clarín, La Nación y La Razón obtuvieron el traspaso accionario de la fábrica de papel en el marco de la represión y persecución a la familia y allegados de su propietario, David Graiver, bajo la acusación de “subversión económica”.

En marzo de 2012, un juicio terminó en la condena de los hermanos Emilio y Julio Méndez (dueños de la empresa de concreto y cemento) por haber facilitado su quinta de Tandil para mantener secuestrado y posteriormente ejecutado al abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977, quien representaba a los trabajadores/as de la empresa Loma Negra. En 2021, la condena fue revertida con una absolución y es una empresa que dentro de su grupo continúa siendo contratista del Estado.

Junto con empresas de la construcción y navales, en 2014, se dictó la sentencia del “Juicio de los obreros” en la causa de Campo de Mayo, que abarcó la represión a trabajadores/as de Astarsa, Mestrina, Forte y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo, además de otras fábricas más pequeñas. Lamentablemente, ninguna de las figuras empresariales fue imputada.

En 2015, una causa juzgó el accionar de la Fuerza de Tareas 5 en el cordón industrial de zona sur y La Plata, Berisso y Ensenada, abarcando a trabajadorxs y sindicalistas del Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), SIAP y Frigorífico Swift.

En septiembre de 2015 se inició el debate oral del primer juicio que tuvo entre los imputados al empresario Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte de Salta, por su participación en las violaciones a los derechos humanos infligidas en enero de 1977 al trabajador y sindicalista Víctor Cobos.

El 2 de julio de 2018 se inició el juicio oral por la desaparición forzada del trabajador rural Marcelo Peralta, ocurrida el 29 de junio de 1977, en un establecimiento rural en Gobernador Virasoro (Corrientes). La causa llegó a esta instancia con un solo imputado, Héctor María Torres Queirel, interventor militar de Virasoro durante la dictadura y propietario de un establecimiento productivo vinculado con la yerbatera Las Marías, sindicado como partícipe necesario de la desaparición forzada de Peralta.

En la “causa Ford” en 2018, se se condenó al militar Santiago Omar Riveros, al ex jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Sibilla (12 años), y al ex gerente de manufactura y miembro del Directorio, Pedro Müller (10 años), como partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores y delegados de Ford entre 1976 y 1977.

Otras empresas involucradas en juicios por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación son Mercedes-Benz y Dálmine Siderca en la Provincia de Buenos Aires, Mina El Aguilar (Jujuy) y el Ingenio La Fronterita (Tucumán). Un caso particular es el que ocupa la siderúrgica Acindar, dado que José Alfredo Martínez de Hoz había sido el presidente del directorio de la empresa previo a asumir como Ministro de Economía.

Podemos concluir entonces en que, el mapa de la Argentina se puede trazar de norte a sur por la ruta 40 o por la distribución del terrorismo de Estado y el terrorismo corporativo. Como nos muestran todas estas experiencias, a lo largo y ancho del país, la organización de la clase trabajadora fue uno de los principales focos en donde puso el ojo la represión y el terrorismo la dictadura. La forma de desarticular el tramado sindical y del mundo trabajador organizado fue literalmente la aniquilación.

La información de esta nota fue obtenida del documento “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Link: unidad_24x17_18_04_2022_web.pdf (argentina.gob.ar)