A 50 años del Golpe Militar se puede ver una clara línea que une el proyecto de precarización del trabajo del gobierno militar con el que impulsa Javier Milei desde que asumió.
Por Juan Manuel Vera Visotsky
En 1977 en su carta abierta a la junta militar, Rodolfo Walsh denunciaba en uno de sus apartados que el plan de miseria planificada que se estaba llevando adelante en el país a través de la precarización de las condiciones de trabajo era el objetivo principal del genocidio y la represión ilegal. “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, escribió.
“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, seguía el periodista y detallaba: “Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”.
Volver a los números que Walsh denunció hace ya 49 años es encontrarse con una serie de aterradoras coincidencias entre lo que la dictadura militar comenzó en aquel momento en los albores del neoliberalismo. A más de dos años de la asunción de Milei en la presidencia y a pocas semanas de aprobarse en el Congreso la reforma laboral más regresiva de la que se tenga memoria, los resultados de la política de Milei han sido fulminantes para el pueblo trabajador. Con la baja de la inflación como caballito de batalla y una batalla cultural antiperonista y protofascista, Milei vino a completar lo que la dictadura inició en su momento: un proyecto de extractivismo con salarios baratos para el capital trasnacional.
El modelo de trabajo que se impuso en la Dictadura
El modelo de trabajo que impuso la última dictadura argentina tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no puede separarse de su proyecto económico general: disciplinar a la clase trabajadora para viabilizar un cambio estructural hacia la valorización financiera y la apertura económica. Bajo la conducción del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se buscó desarticular el poder sindical, reducir el costo laboral y modificar la relación entre capital y trabajo en favor de los sectores empresariales.
Ese disciplinamiento se apoyó en una represión sistemática sobre el movimiento obrero: Se estima que alrededor del 30% de las personas desaparecidas eran trabajadores y delegados sindicales, muchos de ellos activistas en fábricas. Intervenciones a sindicatos, prohibición de huelgas y negociación colectiva restringida formaron parte de un esquema que eliminó la capacidad de organización autónoma. La violencia estatal funcionó así como condición de posibilidad para la reestructuración económica: no fue un exceso, sino un instrumento.
Investigaciones como la de la historiadora Victoria Basualdo y el CELS muestran que la represión en fábricas no solo buscó eliminar militantes, sino desarticular redes colectivas de organización. Ese proceso implicó una transformación profunda: el trabajador dejó de ser parte de un sujeto colectivo con capacidad de negociación para convertirse en un individuo aislado frente al empleador.
Más allá de los indicadores macro, el cambio que introdujo la dictadura a partir del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se sintió en la vida cotidiana del trabajador y la trabajadora: el salario dejó de alcanzar para sostener una vida relativamente estable.
Antes del golpe, con todas sus tensiones, el modelo industrial permitía que un obrero formal —sobre todo en sectores como metalurgia, automotriz o textiles— pudiera sostener un hogar con un solo ingreso, acceder a vacaciones, consumo básico duradero (electrodomésticos, ropa) y proyectar cierta movilidad social. Con la caída del salario real y la inflación, esa previsibilidad se rompió: el sueldo empezó a correr siempre detrás de los precios.
En la vida familiar, esto se tradujo en una estrategia de supervivencia más ajustada y fragmentada. Muchas familias tuvieron que incorporar un segundo ingreso (trabajo de la pareja, changas, cuentapropismo), reducir consumos esenciales y abandonar hábitos que antes eran posibles: salir, ahorrar, incluso sostener ciertos niveles de alimentación o calidad de vida. El crédito se volvió más inaccesible o riesgoso, y la idea de progreso —comprar una casa propia, mejorar el barrio, invertir en educación— empezó a diluirse.
Otro cambio clave fue la pérdida de estabilidad y protección. Aunque el empleo formal no desapareció, se volvió más inseguro en la práctica: aumentaron los despidos, se debilitó la capacidad de negociación colectiva y se instaló el miedo a reclamar. Un obrero ya no era solo un trabajador: era alguien que podía perder su empleo sin demasiadas herramientas para defenderse. Esto impactó directamente en la vida cotidiana: menos planificación a largo plazo y más incertidumbre mes a mes.
Finalmente, hubo una transformación menos visible pero igual de profunda: la ruptura del tejido colectivo. El lugar de trabajo había sido también un espacio de sociabilidad, organización y pertenencia (delegados, asambleas, sindicato). Con la represión y la intervención sindical, eso se desarmó. El trabajador quedó más aislado, más individualizado frente al empleador y frente a la crisis. En términos concretos: no solo se precarizó el ingreso; se precarizó la forma de vivir y de pensarse como trabajador.
Un alumno ejemplar: cómo se está precarizando la vida desde que asumió Milei y qué busca esta reforma Laboral
Desde la asunción de Javier Milei, la vida cotidiana de amplios sectores trabajadores empezó a reconfigurarse en un sentido regresivo, marcado por la pérdida acelerada del poder adquisitivo y la inestabilidad.
Al igual que el “Rodrigazo” en el preludio de la dictadura de 1976, Milei asumió su gobierno aplicando un sablazo al bolsillo de la enorme mayoría de los trabajadores con una devaluación de 118% de la moneda. La combinación de devaluación, liberación de precios, recorte del gasto público y imposición de paritarias a la baja produjo una caída fuerte del salario real en los primeros meses de gobierno, especialmente en el sector formal.
El pluriempleo es la gran palabra protagonista de la época que nos toca atravesar. Y lejos de ser un error o una falla es justamente un objetivo político. El aumento indiscriminado de tarifas, servicios, alimentos y demás productos de primera necesidad frente a salarios que corren por detrás impactan de lleno en la economía doméstica: el sueldo de un solo trabajo no solo rinde menos, sino que cubre menos dimensiones de la vida.
Dicho de otro modo, la reforma laboral ya estaba hecha cuando Milei envió su proyecto al Congreso. El mercado de trabajo muestra signos de enfriamiento y fragmentación; sectores industriales, de la construcción y del empleo público atravesaron despidos, suspensiones o no renovación de contratos, mientras crece el cuentapropismo, el trabajo no registrado y la economía de plataformas se expande a la par de las promociones de billeteras digitales que mantienen una ficción de cierto nivel de consumo para la clase media.
En este contexto, muchas familias vuelven a estrategias ya conocidas: multiplicar ingresos, recortar consumos, endeudarse o depender de redes informales. Como en otros momentos de ajuste, la precarización no aparece solo como falta de empleo, sino como deterioro de las condiciones de vida para quienes trabajan.
La reforma laboral impulsada por el gobierno apunta a consolidar este nuevo escenario bajo la idea de “modernización”. Entre sus ejes aparecen la reducción de indemnizaciones, la ampliación de períodos de prueba, la promoción de esquemas alternativos de contratación y el debilitamiento de sanciones a empleadores. También se plantean cambios que afectan la acción sindical, como límites al derecho de huelga o incentivos a acuerdos individuales por sobre los colectivos. En términos estructurales, el objetivo es reducir el costo laboral y aumentar la flexibilidad empresarial, trasladando mayores riesgos al trabajador y la mayoría de las ganancias e ingresos al empresariado, y ya ni siquiera al nacional, sino al trasnacional.
A 50 años del último Golpe militar, subrayar esta continuidad en el proyecto de modelo laboral que impulsa Javier Milei (mientras se llena los bolsillos con criptomonedas) con el de la Dictadura tiene que servir no para para pensar a qué modelo de vida obrera deberíamos o podríamos regresar; sino qué proyecto de vida queremos construir para el trabajo en la Argentina.
Está claro que no es el contexto de los Estados de Bienestar de mediados del siglo XX y que las plataformas han cambiado buena parte de los vínculos entre las personas con el trabajo y entre el capital y el trabajo. Incluso algunos intelectuales arriesgan que el sistema de capitalismo de plataformas en el que estamos ya no necesita trabajadores. Sea como sea mientras los trabajadores y su bienestar no esté.
