El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta semana el cierre del Instituto Nacional Agricultura Familiar Campesina (INAFCI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, instituciones con más de 30 años de trabajo, que fueron creadas para el apoyo y acompañamiento de la agricultura familiar, es decir, quienes realmente producen alimentos en el país.
Adorni informó en su conferencia de prensa diaria el despido de 900 personas que trabajan hace años en ambos organismos, denunciando que existían “puestos de no trabajo” e “ineficiencia del organismo” y que constituían “fiesta de gasto público”. Pero cuando vamos al territorio, encontramos que les trabajadores de estos organismos acompañan actualmente a 250 mil productores de todo el país, y a diferencia del INTA (que se enfoca más en lo productivo), ofrecen un asesoramiento integral desde diferentes disciplinas. Estos 900 puestos de «no trabajo» pertenecen a todo tipo de profesionales: «ingenieros agrónomos, veterinarios, sociólogos; y todos fortalecen la cuestión productiva y trabajaban para garantizar los mercados locales y el abastecimiento local de alimentos” dijo en declaraciones a Futurock Miguel Angel Gomez, ex-director del INAFCI.
Marcelo Ruesta, de la Mesa de Coordinación de ATE Agricultura Familiar, declaró para Huerquen Comunicación que el INAFCI nació como una política pública llamada Programa Social Agropecuario hace 30 años y que, mientras atravesaba diferentes institucionalidades “siempre fue sostenida básicamente por la voluntad, el esfuerzo, y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras, y por la presencia territorial de las organizaciones campesinas que siempre estuvieron demandándole al Estado mayor presencia. El gobierno miente para cerrar un instituto que es fundamental, porque acompaña y promueve a un sector que es el que nos da de comer a todos los argentinos y argentinas”.
Desde ATE aclaran que cada une de les trabajadores puede dar cuenta de la cantidad de proyectos ejecutados y en ejecución. Incluso, muchos de esos proyectos eran sostenidos parcialmente con plata de los bolsillos de les trabajadores, en su búsqueda de apoyar a las familias productoras. El desamparo es total, por un lado, estas 900 personas (que se suman a otros miles de despidos en el sector publico) se quedan sin la posibilidad de seguir acompañando a este sector y sin ingresos para vivir su propia vida; por otro lado, se abandona a un sector, como lo es la agricultura familiar, que produce más del 60% de los alimentos frescos que consumimos.
“Nosotros no vivimos del Estado, somos trabajadores del Estado que garantizamos derechos. En este caso, los derechos de las comunidades rurales, de los pequeños productores y de la agricultura familiar” declaró Mamanis, una trabajadora de la delegación de Catamarca para Agencia Tierra Viva. Los efectos de la motosierra, más cuando justamente la agricultura familiar necesita de todo el apoyo del Estado para seguir produciendo frente al agronegocio que avanza para producir solo commodities de exportación, van a incidir en la posibilidad de acceder a alimentos a toda la población, y, por lo tanto, va a concentrar más el poder en las pocas empresas que llenan las góndolas con sus ultraprocesados.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra resaltaron que las instituciones y políticas públicas para la Agricultura Familiar son resultado de una larga lucha de los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país. Agregaron además que la eliminación del INAFCI y de otras herramientas institucionales que acompañan al sector, no son el camino en la crisis alimentaria que estamos viviendo.
La otra cara de la motosierra son nuestros derechos. Jubilades, trabajadores del Estado, INCAA, INADI, CONICET, tarifas, ahora el INAFCI. Lo única partida que se sostiene (y zafa de la motosierra) son los intereses de la deuda. ¿Este será el camino para sacarnos de la pobreza o, más bien, solo la profundizará? Lamentablemente, ya sabemos la respuesta.