“Algo oscuro y novedoso irrumpió en el país”, tituló la editorial del lunes 19/9 que el periodista Carlos Pagni realizó en su programa “Odisea Argentina”. Los cincuenta minutos que duró su monólogo sacudió a una audiencia (de La Nación +) acostumbrada a confraternizar con los popes del PRO. El periodista, más vinculado con la derecha argentina que con ideas “progresistas” o “de izquierda”, agitó la agenda política al dar información sobre las conexiones entre “la banda de los copitos” y referentes políticos y asesores del partido que dirige Patricia Bullrich. Su tesis es clara; el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández no fue obra de un grupo marginal que afloró de un día a otro. Por Nico Salas para ANRed.

El periodista retomó alguna de las líneas de investigación que se vienen abordando en la causa a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Una de ellas tiene que ver con la planificación del asesinato que se expresa en varios de los mensajes recuperados de los teléfonos celulares de los detenidos, donde por ejemplo se deduce que manejaban un nivel de financiamiento que no se condecía con las ganancias que les podía dejar la venta ambulante.

Más allá de las interpretaciones de los textos, la información más punzante apunta a los abogados defensores de las personas que, a priori, se complotaron para matar a Cristina.

Torres es un dirigente del PRO patagónico y aliado directo de Patricia Bullrich, una de las referentes de la oposición que se mostró más reacia a condenar el intento de fratricidio. De hecho, la exministra de Seguridad viajó personalmente a Chubut para a apoyar la candidatura de Torres durante el 2021.

Según Página 12, el abogado Marano[1], supo desarrollar tareas para la embajada de los Estados Unidos en el país y llevó a cabo trabajos para el legislador porteño, Ramiro Marra, integrante de Libertad Avanza, partido que encabeza Javier Milei.

Volviendo a la editorial de Pagni. La cuestión no se agota en Marano, sino que también se habla de otros letrados que se sumaron a la defensa de los acusados:

Majdalani fue subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. Junto a Gustavo Arribas, entonces titular de dicho organismo, fueron procesados por espionaje ilegal. La exdiputada, con pasado menemista y denuncias por lavado de dinero, asumió su cargo sin experiencia previa en la materia pero con una profunda relación con los servicios de inteligencia[2]. Uno de sus contactos más cercanos, según se relató en infinidad de medios y nunca se desmintió desde el entorno de Majdalani, es José Francisco Larcher, desplazado por el kirchnerismo de la ex Side en diciembre del 2014. Este fue uno de los agentes de inteligencia que junto a Jaime Stiusso fueron retratados por el periodista Horacio Verbitsky como “a veces funcionales a los gobiernos democráticos, otras no. Siempre son útiles para los fines (políticos o subjetivos o “comerciales”) perseguidos por esos personajes no tan serviciales”.

Otras líneas de investigación quedaron bien plasmadas en la nota de Anfibia realizada por Nicolás Baintrub y Francisco Cuesta. En la misma se pone en el centro del accionar al grupo Revolución Federal, espacio que organizó una serie de acciones callejeras de tinte fascistas de las que participaron Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Uno de los referentes de este espacio, Leonardo Sosa, facturó con su pequeña carpintería un trabajo por más de $1.700.000 a una de las empresas de la mano derecha de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

Estas son algunas de las líneas de investigación que demarcan vínculos que de manera directa o indirecta empiezan a rozar al ala dura del PRO y a sectores vinculados con los servicios de inteligencia. Quedará ver si la causa logra avanzar en otros responsables o instigadores del atentado o muere en la hipótesis que se trató de un grupo marginal. De todas formas, tres preguntas de Pagni ponen en crisis esta última tesis: “¿Quién paga estos abogados? ¿Lo quieren cuidar a Carrizo o hay que proteger a alguien que puede estar ligado a él? (…) La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados”.

[1] “¿Quién es Gastón Marano, el abogado del detenido Gabriel Carrizo?”, Página 12.

[2]“La primera `Señora 8` de la AFI: quién es Silvia Majdalani”, Chequeado.com.