Entrevista con el sociólogo y creador de contenido radicado en La Paz, quién analizó el contexto político y social en Bolivia, que vive un estallido social desde hace una semana. También analizó el estado actual del campo popular en ese país al cual calificó de “fragmentado”. “Evo pretende conducir, las bases lo reconocen pero piden una renovación”, dijo.
Por Juan Manuel Vera Visotsky para Otro Viento
Tupaj García es licenciado en sociología y maestrando en Ciencias Sociales de la UNSAM. Actualmente vive en La Paz, Bolivia desde donde ejerce de creador de contenido en las plataformas Tik Tok y Youtube. En 2019, tras el golpe de Estado encabezado por Jeannin Añez, vivió el exilio en Argentina, donde vivió hasta 2024.
Estuvo en las calles desde el primer día del estallido social a mediados de mayo. Desde allá conversó con Otro Viento sobre el escenario actual en el vecino país andino.
¿Cómo viene la situación en cuanto a detenidos y fallecidos a una semana del estallido?
Hasta ahora hay cerca de 200 detenidos. La mayoría ya está libre, pero un 30% permanece preso. De los liberados, más de 70 recibieron libertad pura y simple porque eran personas levantadas al azar —gente de 84 años, de 82, personas con discapacidad severa. Al resto los están imputando por violencia contra el orden público o contra autoridades. Hay una racialización muy profunda en a quién se le abre proceso y a quién no.
En cuanto a fallecidos, hay dos confirmados. Uno murió en la represión de ayer, en la provincia de Aroma, por un balazo en el cuello; no recibió auxilio porque el supuesto corredor humanitario del gobierno llegó con 500 policías, 500 militares y una sola ambulancia. El otro caso es una mujer que falleció por la represión de la semana pasada: tenía una enfermedad respiratoria de base y la gasificación le provocó una descompensación que la mató.
Dos fallecidos, más de 200 detenidos, y un número no clarificado de heridos —se habla de más de 60, pero no hay un parte oficial porque la Defensoría del Pueblo tampoco se tomó la molestia de relevarlo.
Y mañana se viene otra movilización, Diputados sesiona para abrogar la ley de estados de excepción, y vence el plazo que se dio la agroindustria para sacar grupos de choque a los puntos de bloqueo. Si esto sale el martes, ya va a haber muchos más datos sobre si el conflicto escala a un nivel militar o no.
¿El gobierno busca un Estado de sitio?
Recientemente derogaron la Ley 1341, que es la ley que norma los estados de excepción en el país. Una ley que se promulgó en el gobierno de Lucho para evitar que los militares vuelvan a masacrar a la población. Le dieron media sanción en el Senado y ahora pasó a Diputados.
En paralelo están sacando a la Policía Militar. La ley actual dice que si la Policía Nacional es rebasada, se puede desplegar a la policía militar sin armamento letal. Es exactamente lo que están haciendo, aplicar esa norma. Y la ley da garantías: no se pueden vulnerar derechos humanos, no se pueden allanar casas sin órdenes judiciales, todos tienen derecho al debido proceso.
La idea del gobierno al derogar la ley es volver a lo que funcionaba antes: el Presidente firmaba un decreto autorizando el uso de armas de fuego y, con eso, los militares podían usar ametralladoras y armamento letal contra la población. Fue lo que pasó en 2019. Justamente de ese aprendizaje nació la ley. Aunque podemos criticarle 800 cosas a Luis Arce, esta es una de esas pocas cosas en las que hay que decirle gracias, porque salvó muchísimas vidas.
¿Qué balance hacés del gobierno de Rodrigo Paz Pereyra a seis meses de asumir y cómo ves el escenario hoy?
Lo veo en una encrucijada. Hay una masificación de las protestas: antes el conflicto era solo en La Paz, ahora es en siete departamentos. Siete de nueve, para dimensionar la escala. La Paz presenta un desgaste evidente —son tres semanas de movilización, la gente está muy cansada— pero en el resto del país la gente está prendiendo llantas y diciendo que ahora comienza la batalla.
Del lado del gobierno hay también una tensión: una parte pide diálogo, la otra dice que hay que imponer orden por la fuerza, que si ceden ahora van a tener que ceder todo el gobierno. Yo creo que ambos análisis son correctos en cierta manera. La pregunta es: ¿por qué no tendrías que ceder ante la gente que te hizo presidente? Quien te votó es a quien le debés lealtad en última instancia. Y es justamente esa gente la que está en las carreteras.
Es un gobierno que entró sin creer que iba a entrar. Era quinto en las encuestas, salió primero en primera vuelta y ganó la segunda con el 55%, que es monstruoso dado el nivel de polarización. Cuando armó el gabinete, la mitad de los ministros fueron entregados a las fracciones que habían perdido: un cuarto a Doria Medina, otro cuarto a la CAINCO — Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de Bolivia, que había apoyado a Tuto—, y la otra mitad la puso él con primos, amigos de la familia. Nunca hubo un plan real para enfrentar la crisis.
Si lees el programa de gobierno de Doria Medina y el de Tuto Quiroga, lo que está haciendo el gobierno es mechear un poco de ambos. Tejió alianzas con esos sectores para tener apoyo, pero no tiene un plan de gobierno propio. Y hay un alineamiento ideológico muy claro: Bolivia tenía una escasez brutal de combustible y la resolvieron con un préstamo de gasolina de los norteamericanos, del que todavía no se sabe a qué tasas ni con quién exactamente. Después vino el alineamiento con el FMI, el retorno de la Embajada de Israel, la adhesión al Escudo de las Américas, pelearse con Petro, con Sheinbaum… Es un gobierno que le debe su lealtad a la gente que llegó después de que fue electo y no a quienes lo votaron. Y eso genera una situación muy compleja: dejaron de gobernar para los que les votaron y empezaron a gobernar para quienes les garantizan estabilidad.
Cuando mencionas a “los que les votaron” ¿Te referís a los sectores de trabajadores rurales, al voto del ballotage de Rodrigo Paz?
Lo digo en ambos sentidos. En primera vuelta, Rodrigo Paz saca alrededor del 27% de los votos, unos dos millones. Un millón corresponde a La Paz sola: 700 mil entre El Alto y las provincias, 300 mil entre la ciudad de La Paz y los municipios periféricos del área metropolitana. El 40% de su voto en primera vuelta fue solo La Paz. Si sumás los tres departamentos altiplánicos —La Paz, Oruro y Potosí— tenés el 70% del voto de Paz.
En segunda vuelta es peor todavía: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba concentran casi el 85% del voto de Rodrigo Paz. Y hoy esos son exactamente los departamentos movilizados.
¿Cómo está económicamente Bolivia en estos últimos meses?
Hay que cruzar dos cosas. El problema en Bolivia era que no había combustible: mover producción, transporte, negocios era un problema. Se resuelve el abastecimiento con una doble medida: un contrato de compra de combustible —cuyas condiciones todavía quedan en duda— y el levantamiento de la subvención. Bolivia tenía el combustible subsidiado a 28 dólares el barril, irreal con los precios actuales. Lo levantan con el barril a 60 dólares: se duplica el precio de la gasolina, se triplica el del diésel, y hay aumentos similares en gas natural, gas vehicular y otros derivados.
Eso disparó la inflación a niveles que no se veían en 15 años. Pero el problema mayor es que el combustible importado es de mala calidad —lo certificaron la Universidad Pública de La Paz y otros organismos— y está dañando los motores. Motores nuevos que tienen que abrirse a los 20 mil kilómetros, transporte público parado en el mecánico, maquinaria agrícola arruinada. Les afecta a todos: desde el taxista cuentapropista hasta la empresa de transporte de pasajeros, desde el agroindustrial que cosecha soja hasta el que tiene un auto nuevo. Solo están a salvo los que tienen auto eléctrico, que son menos de 10 mil en todo el parque automotor boliviano.
A eso sumale que la gasolina generó una inflación de aproximadamente el 20% solo por ese efecto. Bolivia acumula cerca del 45% de inflación en dos años, pero sin ningún aumento salarial. Acá no hay paritarias, no hay negociaciones sectoriales: todo se define en una sola negociación con el Estado Nacional. Y el Estado dijo que este año no se tocan los salarios. Al mismo tiempo, la reformulación del presupuesto implicó un aumento del 40% en el sueldo de los ministros. No podés pedirle al pueblo que se ajuste y aumentarte vos el 40% para no perder contra la inflación: estás reconociendo que hay inflación y que hay que compensarla, pero solo para los tuyos. La gente no es tonta y lo ve.
¿Cuál es la estrategia del gobierno para contener este estallido social? ¿Busca sostener la represión y disciplinar a las centrales obreras?
No creo que el gobierno tenga una estrategia clara. Se ha estado dividiendo entre tres opciones: ir al diálogo, agotar a la gente por desgaste, y militarizar. Los aliados de derecha del gobierno pelean por la tercera. Una parte del gobierno dice que hay que ir al diálogo. Y en ese empate se apostó al desgaste.
Esa estrategia funcionaba hasta el sábado pasado, cuando el conflicto era solo en La Paz. Hay un precedente histórico: en 2022, la derecha boliviana le hizo a Luis Arce un paro cívico con corte de rutas en Santa Cruz durante 36 días. La respuesta fue no intervenir mientras no quemaran la fiscalía. El paro fue derrotado por asfixia: después de un mes, la gente levantó porque no puede vivir sin trabajar.
Pero en esta ocasión el gobierno no se metía durante la semana y cada sábado entraba a los barrios con gases y represión para ver si ya se habían rendido. Eso generó más bronca, no menos. La gente desgastada por el bloqueo que además veía cómo la policía entraba a gasificar y a meterse en las casas, se reactivaba. Es exactamente el efecto contrario al buscado. En esa ambivalencia —los toco pero no los toco, les sacó la policía militar pero no declaró estado de sitio— ves a un gobierno que no sabe qué hacer con la crisis. Ya renunciaron dos ministros, el de Hidrocarburos y el de Trabajo, y hay otros que pusieron sus cargos a disposición y después lo desmintieron en la misma hora.
Tras el gobierno de Arce el MAS no pudo presentar candidato, Evo llamó a votar en blanco, y todo el campo popular implosionó ¿Qué balance hacés de los últimos años de ese proceso?
La responsabilidad de una interna es de las dos partes, aunque hay responsabilidades diferenciadas. La disputa en el proceso de cambio es una disputa sobre el sujeto político. Históricamente, ese proceso fue liderado por gente del mundo indígena —no en el sentido de que sea un MAS puramente indígena, sino de alguien que representa en su reivindicación de clase y étnica la dignidad de esas mayorías.
Evo fue esa representación. Antes de que ganara en 2005 había otros —Felipe Quispe, Román Loaiza, Alejo Vélez— que intentaban lo mismo desde sus propias diferencias internas, pero todos venían del mundo aymara o quechua.
Con Luis Arce eso empieza a romperse. Ya en el último gobierno de Evo había una discusión sobre el nuevo sujeto: ahora que se logró cierta estabilidad, ahora que esta gente que era pobre alcanzó ingresos medios, ¿quién lidera el proceso? ¿Siguen siendo los indígenas? ¿Pasa a ser la clase media, la gente urbana? Con Arce esa discusión se materializa en la idea de que ya no le corresponde al mundo indígena sino a una clase media nacida de ese mundo.
Yo creo que fue un error político e ideológico, porque confundieron ingresos medios con clase media. Muchísima gente en La Paz, en El Alto y en otras ciudades pasó del estatus bajo al medio, pero siguió yendo al campo, bailando sus danzas, siendo parte de sus comunidades, sin desculturizarse como indígenas. Aunque tenían una casa de cinco pisos o tres millones de dólares invertidos en su negocio, seguían yendo al preste, a su pueblo, a hacer ofrendas a la Pachamama. Eran de ingresos medios pero no eran la clase media de las universidades privadas que se creen blancas y quemaron wiphalas en 2019. Que dos personas tengan el mismo ingreso no significa que tengan la misma composición de clase ni la misma identidad cultural.
Ahora, eso no lo resolvió tampoco Evo Morales, que reivindica un movimiento indígena anclado narrativamente en lo que era antes del 2005, sin resignificar esa identidad para el nuevo país que él mismo parió. Evo habla a una parte importante del país y lo va a hacer siempre, hasta el día que se muera —y cuando se muera va a volverse narrativa. Pero hoy Evo tiene pocos nexos con el epicentro del conflicto, que es el mundo aymara del Departamento de La Paz, una zona donde ganaba con 75%, 77% de los votos.
En la interna nosotros fuimos con Evo hasta el último día porque creíamos que era correcto reivindicar el mundo indígena. Evo es el líder histórico, pero pueden emerger nuevas formas de representación. Si te vas a los puntos de bloqueo, la gente te dice: “Lo amo al Evo, nos dio lo mejor del mundo, ahora tenemos que construir otro Evo”. Están diciendo las dos cosas a la vez: viva Evo, y necesitamos otro Evo. En la movilización se están cuajando esas nuevas contradicciones, porque los líderes no nacen en laboratorio sino en la calle.
¿Cómo está el campo popular hoy? ¿Cuáles son los actores que hay?
Yo diría que hay cuatro actores importantes.
El primero es la COB —la Central Obrera Boliviana, equivalente a una CGT de argentina—, que representa sindicatos obreros: minería asalariada, fabriles, trabajadores de salud y educación. Viene muy deslegitimada por la dirigencia anterior, que estuvo muy vinculada al golpe de Estado y al prebendalismo. Pero ahora tiene un nuevo dirigente, Mario Argollo, que escucha a la gente, está en la calle, habla desde la clandestinidad porque lo persiguen, y se está reganando esa confianza. En términos futbolísticos, la COB juega de mediocampo: administra la pelota, articula. Dentro de ella son especialmente importantes los mineros, los fabriles —que vienen de un proceso de politización duro desde la pandemia por los despidos masivos— y los maestros, tanto rurales como urbanos.
El segundo es el movimiento campesino, con tres grandes núcleos. Los aymaras del Departamento de La Paz, agrupados en la Federación Túpac Katari —los famosos ponchos rojos, que marchan y cercan la ciudad. Los ayllus del norte de Potosí, que son comunidades quechuas y que ahora masificaron la protesta cerrando Oruro y Potosí, cortando el paso oriente-occidente para la agroindustria. Y el campesinado de Cochabamba, que juega un rol estratégico porque es el granero del mercado interno: toda la cebolla, el tomate, las verduras del país se producen ahí.
El tercero es un popurrí de sectores urbanos no obreros —transporte, gremiales, economía popular, juntas vecinales— que no tiene una cabeza ni dirección nacional, pero que es decisivo para que una protesta crezca o se derrumbe. En este conflicto se articularon con la COB y las federaciones campesinas y su incorporación fue determinante para que el cerco sea contundente y las marchas sean masivas.
El cuarto es el evismo. EvoPueblo (Morales) tiene su partido, disputa las subnacionales, y en las nacionales —al ser Evo proscrito— concurre al voto nulo. Su epicentro es el Chapare, una zona de Cochabamba productora de hoja de coca por donde pasa la ruta troncal del país, densamente organizada, multicultural, compuesta por colonizadores de distintos orígenes que fundaron poblaciones en más de 50 años. Opera casi como un partido político cuyo líder indiscutible es Evo. Juega como representación electoral, como fuerza en los cortes de ruta, y hasta este conflicto también como articulador —aunque hoy tiene menos esa capacidad por factores internos.
Si lo dibujás como cancha de fútbol: las fuerzas ofensivas son los campesinos en todas sus expresiones; las fuerzas defensivas son los sectores populares urbanos y la COB como mineros, fabriles y maestros; y el armador es la dirigencia de la COB, con Mario Argollo como ese pivote que cuando ve tensión pasa la pelota atrás para rearmar y cuando hay oportunidad hace el pase en profundidad para presionar al gobierno.
¿Hoy falta una representación electoral del campo popular, como la que tuvo el MAS?
Exactamente. EvoPueblo pretende serlo, pero el problema es que Evo se quedó sin sigla. Además, una parte del campo popular que siempre representó Evo hoy está pidiendo una renovación de ese liderazgo sin desconocer todo lo que hizo durante los 16 años que gobernó. Ellos dicen “amo a Evo y le agradezco todo. Pero necesitamos un nuevo Evo”.
Por otro lado el gobierno hizo todo lo posible para impedirle construir alianzas para las subnacionales y lo logró: fracturó cualquier posibilidad de que el evismo concurra como fuerza nacional. Yo no tengo duda de que le hubiera ido muy bien.
Eso plantea una pregunta más profunda: ¿qué se hace con un pueblo que quiere concurrir a las urnas y no puede tener representación electoral?
En el Departamento de La Paz hubo un candidato aymara —René Yahuasi, de NGP— con intención de voto por encima del 60% en el campo y del 70% en El Alto, que fue retirado por su propia dirección partidaria justo antes del ballotage. Ganó el candidato oficialista.
El oficialismo dijo que no tuvo nada que ver. Pero los últimos cuatro gobernadores de La Paz han sido todos aymaras —de distintas ideologías, pero aymaras— y todos los candidatos de derecha no aymaras han perdido siempre. Que en ese contexto gane el oficialismo genera una pregunta muy lógica en la gente: ¿para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar?
Tenés una deslegitimación de la democracia que viene de dos lados: la proscripción y la elección de quién debe ganar. Y eso, por ambición o negligencia, está despertando algo mucho más complicado en un país que supuestamente quería salir del conflicto.
